Finalmente, el proyecto de reforma de la Ley de Semillas no pudo ingresar dentro del paquete de iniciativas que esperan ser aprobadas en la última maratón legislativa del año, con lo cual el nuevo régimen no podrá estar vigente en el arranque de la campaña triguera 2019.

En las últimas horas legisladores del bloque de Cambiemos relacionados con el ámbito agropecuario intentaron que la iniciativa sea incluida en las negociaciones del oficialismo con la oposición, pero no tuvieron suerte frente a otros proyectos considerados más importantes por el núcleo político del gobierno nacional (como el incremento del impuesto a los Bienes Personales) o bien por tratarse de cuestiones que no generan disidencias entre las diferentes fuerzas partidarias (como la creación del Parque Nacional Iberá).

Al no haber podido ingresar a las sesiones legislativas extraordinarias que comenzarán la semana que viene en el Congreso, el proyecto de reforma de la actual Ley de Semillas (que cuenta ya con dictamen) deberá esperar hasta el año que viene. Si el mismo es aprobado en el primer tramo del 2019, podría entonces instrumentarse en la próxima campaña de granos gruesos,

El proyecto, si bien es producto de una síntesis generada a partir de extensas jornadas de debates legislativos, no cuenta con el apoyo de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), quienes pretenden eliminar el concepto de “orden público” para establecer “acuerdos privados” entre las partes.

El antecedente más cercano, en lo que respecta a la posibilidad de realizar contratos privados, es la implementación por parte de la entonces Monsanto (ahora absorbida por Bayer) de un mecanismo creado para cobrar un canon variable –suerte de “retención privada”– por el uso de una patente (“Intacta”) en cultivares de soja, algo que alcanzó tal magnitud que obligó al propio Estado argentino a intervenir en 2016 para recuperar el monopolio de la fiscalización de semillas por medio de la resolución 207/16 del Inase.

El dictamen tampoco cuenta con el apoyo de los representantes de Federación Agraria (FAA), quienes, con su actitud, están siendo funcionales a los intereses de ASA.

En cambio, la iniciativa es apoyada por las otras tres entidades gremiales del agro (CRA, Coninagro y SRA), dado que, entre otros factores, permite obtener un subsidio indirecto al brindar la posibilidad de deducir del impuesto a las Ganancias una vez y media el monto total de la compra de simientes.