La senadora rionegrina indicó que hará suya la medida dispuesta por el Juez Marigo para que se investigue posible afectación a los derechos humanos a la salud y a un ambiente sano y declaró que “necesitamos que la Justicia avance rápidamente y se investigue la responsabilidad de la CEB y del DPA. La legislación nacional prohíbe los vertidos en crudo de líquidos cloacales e industriales sin tratar a los cuerpos de agua. Por eso, rechazamos y denunciamos que se siga contaminando el Lago Nahuel Huapi”

“Cambiemos fracasó con la licitación y la obra de ampliación de la planta avanza pero no va a servir de mucho sin el colector. Ahora recién decidieron volver a licitarla, pero por el doble de precio. En 2017 se adjudicó por $ 189 millones pero ahora la vuelven a licitar por $ 432 millones. No sólo son responsables de que se continúe el vertido en crudo de líquidos sino que además de derrochar el dinero de los argentinos”, destacó Odarda.