Esto redunda en “un beneficio directo para el productor, que cuenta con una herramienta legal que le garantiza el acuerdo de precio y la forma de pago”, destacaron desde la cartera económica.

Durante esta campaña, en un contexto de mercado deprimido por los excedentes vínicos, ya se registraron 2.270 contratos de compra de uva y 1.952 precontratos están en vías de inscribirse definitivamente, se informó.

Ese número crecería exponencialmente ya que más de 100 bodegas pidieron a la Dirección de Fiscalización y Control una prórroga de entre 20 y 30 días para inscribir los contratos, debido a su cantidad y a la demora de la cosecha.

Esta cantidad equivale a 75% de lo que se registró en toda la temporada anterior, cuando se inscribieron poco más de 5.600 contratos, entre fines de julio y el último día de diciembre.

Este año, la sanción de la Ley 9133 creó el Registro de Contratos para la Comercialización de Productos Agrícolas y se cumplieron por primera vez dentro de los tiempos de cosecha.

La Ley de contrato de compra y venta de productos agrícolas establece el precio de la uva que las bodegas deben pagarle a los productores una vez que reciben la materia prima.

“Esta iniciativa se puso en marcha en un contexto desfavorable para el mercado de uvas”, indicó Alfredo Aciar, jefe de Gabinete de la cartera económica provincial.

“Sin embargo -agregó- el Gobierno priorizó otorgarles a los viñateros que venden sus uvas un nuevo derecho con el objetivo de que puedan defenderse mejor frente a las conductas desleales de algunos industriales del sector que cambian las reglas del juego según su conveniencia”.

Asimismo, 2.387 productores que padecieron las contingencias climáticas recibieron más de $125 millones en pago del Seguro Agrícola antes de que finalizara la temporada.

En ambos casos, la política de Estado estuvo orientada a reglamentar los tiempos que le permiten al productor una mayor previsibilidad para encarar la nueva temporada, según el Ministerio de Economía.