La falta de culminación del total de las obras del sistema la Laguna La Picasa – El Chañar ubicada en las provincias de Córdoba y Santa Fe, respectivamente, las cuales fueron iniciadas en el marco del Plan Federal de Control de Inundaciones para canalizar los excedentes de agua hacia el Río Salado, se convierten en unas de las causas principales de  situación dramática que hoy se vive en dicha región.

Según surge de un informe público de la Auditoria General de la Nación (AGN)[1] aprobado en el año 2011 respecto de la gestión dela Subsecretaria de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH) solo 8 de un total de 10 obras previstas para la cuenca estaban finalizadas a finales del año 2010. Y como el conjunto de obras constituyen un sistema interconectado la falta de finalización de dos de ellas  termina afectando el funcionamiento global del sistema.

A fines del 2010, el estado de avance del módulo III de las obras era del 55% y la falta de culminación se debió, entre otras cosas, a los inconvenientes para liberar la traza donde debía ejecutarse el área de bombeo, responsabilidad que estaba en manos de la Provincia de Buenos Aires, la cual debía ocuparse de la expropiación y servidumbres necesarias para la ejecución de la obra.

Respecto de la obra de regulación de la Laguna La Salada en la Provincia de Buenos Aires al cierre de la auditoria el avance de la obra era del 12% y se encontraba paralizada por la falta de liberación de la traza y a dificultades técnicas para acordar con la empresa FEPSA concesionaria del tramo ferroviario.  Y como las características eran técnica y económicamente superiores a las contempladas en el proyecto original se debió replantear el proyecto.

En el caso de las obras finalizadas estas demandaron una prórroga en el plazo de su construcción y el incremento de los precios previstos originalmente en el Pliego de Bases y Condiciones a través de la re-determinación de precios, el cual es un trámite administrativo en el que intervienen varios organismos y que en algunos casos duraron 2 a 5 años.

Otras deficiencias detectadas por la AGN en dicho informe son la ausencia en la SSRH de un diagnóstico integral y un plan sobre la problemática de las inundaciones, la falta de limpieza de los canales en algunas de las obras terminadas,  la extensión de la frontera agropecuaria  y la utilización de zonas inundables para las actividades agrícolas, la inexistencia de un Organismo Hídrico Interjurisdiccional de la Cuenca La Picasa – El Chañar que debiera estar integrado por las tres provincias, la presencia de canalizaciones clandestinas,  realizadas por productores rurales y la falta de aprobación por parte de las provincias de los estudios de impacto ambiental necesarios para el inicio de la ejecución de las obras.

Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica

Este fondo fue creado por medio del Decreto 1381 del año 2001 y se conforma con una tasa sobre las naftas y el gas natural comprimido la cual se puso en marcha recién en 2002 y desde ese año al 2013 sumó recursos por un total de $ 8 mil millones de pesos aproximadamente pero no se gastó todo ya que entre aportes a las provincias, municipios y planes de control de inundacionesse desembolsaron solo unos 6.725 millones de pesos (83%).[2]
Inicialmente, el fondo tuvo una afectación específica para obras hídricas en zonas rurales. Sin embargo, con Néstor Kirchner en el poder, entre 2006 y 2009 se hicieron cambios y prácticamente se eliminó la especificidad rural. El financiamiento comenzó a volcarse a obras hídricas urbanas, en especial en el conurbano.[3]
Durante el anterior gobierno “además de haber cambiado el fin del fondo fiduciario para darle una impronta más urbana que rural, el Gobierno le dio otro uso, como actividades en un stand en Tecnópolis de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación”.[4]
Para el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica el actual gobierno nacional prevé que se inviertan unos $ 4.241.579.354 durante todo el año 2017, algo así como 4.250 millones de pesos aproximadamente, los cuales se destinaran para gastos corrientes unos $564.601.687 y para  gastos de capital unos $3.676.977.667.